Una protesta de consumidores


Para dar una adecuada interpretaciA?n a los hechos ocurridos la semana pasada en la estaciA?n ConstituciA?n es necesario recordar cA?mo entienden los paA�ses capitalistas el subsidio al transporte y los derechos de los usuarios.

Susana Torrado
SOCIOLOGA, PROFESORA EMERITA DE LA UBA,
INVESTIGADORA DEL CONICET

 

El martes pasado, en la estaciA?n ferroviaria de ConstituciA?n, tuvo lugar una gresca de proporciones motivada por la suspensiA?n de la salida de trenes por parte de Transportes Metropolitanos, la empresa concesionaria del servicio.

Este hecho dispara varias reflexiones. En primer tA�rmino, se seA�ala que esa empresa recibe significativos subsidios del Estado argentino, los que estarA�an motivados por el propA?sito de ayudar a la gente de menores recursos, ya que A�sta es la principal usuaria de esos servicios. Creo que hay aquA� un error de perspectiva: lo que se subsidia no es el bolsillo de los pobres; lo que se subsidia es la posibilidad de que los empresarios y los gobiernos cuenten en sus lugares de trabajo con la mano de obra necesaria para el desempeA�o de sus actividades, es decir, lo que se subsidia es el desplazamiento laboral indispensable para mantener la actividad econA?mica.

En todos los paA�ses capitalistas se realizan sin cuestionamiento los subsidios al transporte, no ya porque ayudan a los mA?s dA�biles sino porque su inexistencia comprometerA�a la disponibilidad de trabajadores y/o tenderA�a a disminuir la ganancia empresaria, ya que el costo del transporte al lugar de trabajo forma parte del salario.

Paradojalmente, en la Argentina, el A?nico sector en el que esta premisa es aceptada sin polA�mica es el servicio domA�stico “cama afuera” (el costo del desplazamiento de la empleada se adiciona a la remuneraciA?n horaria), una actividad no empresaria. Por lo tanto, lo que hay que discutir no es sA?lo la legitimidad del subsidio a la firma concesionaria sino el hecho de que, con los impuestos pagados por todos los trabajadores, se subsidie la ganancia empresaria en general, con el argumento de que el salario no debe incluir el costo del transporte.

En segundo tA�rmino, no he escuchado ningA?n anA?lisis en el que la revuelta del martes 15 sea encarada no ya como una protesta de trabajadores sino como una protesta de consumidores. En las sociedades de capitalismo avanzado, los trabajadores fueron reconocidos primero como fuerza de trabajo, luego como ciudadanos (cuando se universalizA? el derecho a votar) y, finalmente, como consumidores de los propios productos que producen.

Sin este consumo no podrA�a realizarse la ganancia capitalista. Este A?ltimo reconocimiento parece estar muy retrasado en nuestro paA�s, al menos por parte de la clase empresaria. Son los trabajadores los que empiezan a reivindicar condiciones aceptables para realizar un consumo (el desplazamiento laboral) que, ademA?s de costearse con su propio salario a travA�s de las rentas generales del Estado, beneficia directamente a sus empleadores.

En tercer tA�rmino, he oA�do numerosas voces que, concediendo que la protesta tiene alguna justificaciA?n por las condiciones infrahumanas en las que se viaja, enfatizan que la misma fue “desproporcionada” respecto a las causas que la originaron.

Como si los ciudadanos que intervinieron en los hechos del martes 15 hubieran debido primero analizar hasta quA� punto podA�an llevar sus actos de protesta, para pasar luego a su ejecuciA?n. Lo que pasA? aquel dA�a fue un estallido de cA?lera colectiva, de personas que sintieron que se colmaba el lA�mite del maltrato. En situaciones semejantes no hay lugar para la racionalidad ni tiempo para evaluar los efectos de la conducta inmediata. Reclamar “racionalidad” en este tipo de sucesos es perder por completo de vista la naturaleza de su apariciA?n y, por lo tanto, errar en el diagnA?stico que prevenga futuras manifestaciones. Cabe destacar, de paso, que algunos medios informaron acerca de perjuicios causados a locaciones de Transportes Metropolitanos (boleterA�as, oficinas, maquinarias dispensadoras, etc.), pero no dan cuenta de daA�os causados a comercios particulares en el mismo lugar de los hechos.

Todo lo anterior no significa justificar el uso de la violencia en la reivindicaciA?n de derechos. Tampoco negar la posibilidad de que grupA?sculos inherentemente violentos hayan aprovechado la ocasiA?n para aA�adir leA�a al fuego. De lo que se trata es de incorporar al anA?lisis de la protesta social dimensiones (por ejemplo, la de consumidor-usuario) que tienen igual legitimidad que la reivindicaciA?n por salarios e ingresos.