Delito y medios de comunicación

ADRIÁN DUPLATT
Univ. Nac. de la Patagonia
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El neoliberalismo en Argentina

Las políticas neoliberales hicieron pie en la Argentina a mediados de la década del setenta, de la mano de la dictadura militar de Videla, Massera y Agosti y uno sus adláteres civiles, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Sin embargo, la profundización del modelo económico se constituyó en democracia, durante el gobierno del presidente Carlos Saúl Menen, iniciado a mediados de 1989.

Dos años después de asumir el gobierno, Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, dieron rienda suelta al neoliberalismo en la Argentina. El presidente solía decir que, para sacar el país de su crisis, era necesario practicar cirugía mayor. Con este norte, desembarcaron en estas tierras las políticas del Consenso de Washington¹ para vencer la inflación y achicar el déficit fiscal.

La visión economicista de los asuntos públicos hegemonizó los debates políticos, opacando las consecuencias lentas y deletéreas de la nueva economía. La Argentina abandonó su perfil industrial para pasar a uno especulativo y financiero en el que se produjo una fenomenal transferencia de divisas al exterior². Por su parte, las derivaciones sociales no le fueron en zaga a las monetarias.

La brecha entre el diez por ciento más rico y el diez por ciento más pobre pasó de 6 veces a mediados de los setenta, a 46,6 veces en el 2002³. La desocupación en 1979 era del 4,5% y pasó a ser, en el 2002, del 21,5%⁴. Con estos parámetros, no resultó extraño que la pobreza registrada en octubre de 2002 por el Indec fuera del 57,5%, con una indigencia del 27,5%. La clase media argentina, que en la década del setenta podía alcanzar al 70% de la sociedad, en 2003 apenas llegaba al 30%⁵.

De este modo, afirma Daniel García Delgado,

[… se termina de producir la reconversión del sistema productivo de posguerra y se cruza un umbral, a partir del cual ya no hay vuelta atrás. Se derrumba el Estado de bienestar y junto con él grandes redes sociales de apoyo (gran empresa, gran sindicato, empleo estable y seguridad social colectiva) (García Delgado, 2001:100).

Durante la década del noventa, la dirigencia sindical ortodoxa (Confederación General de Trabajo -CGT-), opuso poca resistencia al vendaval neoliberal que se impuso con el plácet del Congreso nacional. Los niveles de pobreza se aceleraron y crearon una novedosa clase social: los nuevos pobres.

Sin empresas públicas, el empleo medio cayó, a la vez que se concentró la riqueza. La movilidad social ascendente se revirtió y se volvió caída libre (Feijoó, 2001). Los nuevos pobres concitan la atención de políticos y académicos. Unos los crean y otros los estudian⁶. Así, puede establecerse que los pobres venidos de la clase media son distintos a los pobres estructurales.

Hay diferencias importantes en cuanto a educación y fecundidad: los sectores medios tienen mayor nivel de instrucción y educación, y menos hijos … no hay un área delimitada geográficamente como pueden ser las villas de emergencia. En cualquier departamento o casa pueden vivir varias familias hacinadas. Las paredes ya no se pintan, la heladera anda mal y no se arregla, el coche está destruido, lo vendieron o no lo pueden usar… (Minujín, 2000).

Sin capital económico, para sobrevivir, los nuevos pobres se valen de sus capitales sociales y culturales. El capital social está conformado por la red social y familiar que puede contener a quienes pugnan por no caer del sistema. Alguien que haya quedado sin trabajo, bien puede tener un familiar que lo reciba en su hogar hasta que las cosas mejores. Por otro lado, el capital cultural está referido a la educación y la forma de vida y costumbres de clase media, que el nuevo pobre no se resigna a olvidar. Gracias a su capital cultural, el desocupado exigirá sus derechos en cuanta situación le sea posible.

La estructura social quebrada derivó en un sistema en el que

… los restos de una estratificación socioeconómica en retroceso se combinan con una articulación tripartita. Actores (ricos, famosos, cultos y poderosos), espectadores (los que miran y están todavía adentro, escasos de riqueza y poder) y excluidos (los llamados «pobres estructurales», miembros de otra cultura, miserables y sospechosos ante la ley) … (Villarreal, 1996:90).

La exclusión es entendida, entonces, como

… un proceso gradual de quebrantamiento de los vínculos sociales y simbólicos -con significación económica, institucional e individual- que normalmente unen al individuo con la sociedad. La exclusión acarrea a la persona el riesgo de quedar privada del intercambio material y simbólico con la sociedad en su conjunto (Barros et al, 1996).

Su expresión está constituida por las dimensiones política, sociocultural y económica y está referida al proceso que imposibilita la cohesión social y provoca el señalamiento de franjas de la población que se sitúan fuera de las dinámicas de reproducción social. Su estudio es posible relacionarlo a las construcciones de ciudadanía y por ello es también una problemática política.

Ahora bien, la espiral de desocupación y pobreza se exacerbó a partir de la caída del presidente Fernando de la Rúa⁷ (sucesor de Menem) y las posteriores devaluación y pesificación de la economía. Un mes antes de abandonar el gobierno, Fernando de la Rúa y su ministro de economía Domingo Cavallo -nuevamente en escena-, habían creado por decreto «el corralito», una barrera legal para disponer libremente del dinero depositado en los bancos. Con esta medida, mucha gente de clase media perdió los ahorros de toda su vida.

A la gente, en su vida cotidiana después de la renuncia de De la Rúa, no le fue mejor: en octubre de 2001, vísperas de movilizaciones, la desocupación era del 19%, la pobreza del 35,4% y la indigencia del 12,2%. En mayo de 2003, la desocupación bajó (del 19) al 16,4%, la pobreza aumentó (del 35,4) al 51,7% y la indigencia (del 12,2) al 25,2% (todos los datos son del Indec). Contra estos valores se podrá argumentar que la desocupación bajó y la pobreza disminuyó respecto al 54,3% de octubre de 2002. En tanto, la indigencia continuó su armonioso aumento desde octubre de 1991, cuando era del 3% (Duplatt, 2003).

A estas mediciones habría que sumarles la subocupación (13,4%) y tener presente la metodología con que se mide la desocupación (v.gr., si alguien realizó una changa⁸ la semana anterior a la encuesta, aunque sea para obtener un par de pesos por limpiar un patio, ya no es considerado un desocupado). Por otra parte, aumentó la distribución de planes Jefas y Jefes de Hogar entre los desocupados, que, con este subsidio, dejaron de serlo. Si se contabilizan todas las variables, la desocupación trepa al 35% (Duplatt, 2003).

La sumatoria de procesos puestos en marcha en los diferentes campos -económico, laboral, legal, social, cultural…- trajo aparejado un nuevo modelo que resume el estado de cosas: el paradigma de la inseguridad. Este paradigma no queda anclado solo en la inseguridad física personal ante la delincuencia⁹, sino que establece sus bases en la vida cotidiana, la vida familiar, en las políticas sociales, en el mercado del trabajo, en la atención de la salud… y cierra el modelo con la política penal que sirve al control de sus consecuencias sociales (Pegoraro, 1997).

Para ilustrar las consecuencias del Paradigma de la Inseguridad en la Argentina, se puede decir que la Convertibilidad¹⁰ finalizó con 14 600 000 de argentinos en situación de pobreza y luego de la devaluación, hubo 21 000 000 (Duplatt, 2003). Paralelamente al incremento de estos, aumentaron los índices de criminalidad¹¹.

La violencia de los noventa

El delito, desde un punto formalista, puede ser definido por la ley penal en un momento y en un lugar determinado. Por ende, esa definición no es estable, sino que varía con la época. Césare Beccaria (1997) creía que si se procuraba examinar y distinguir todas las diferentes clases de delito y la manera de reprimirlos, su continua mutación por las circunstancias de los siglos, terminaría por formar un paisaje ingente y desagradable.

En el Informe anual de estadísticas policiales de 1999, la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina, dejó en claro que

La ley penal, producto del pacto social, define qué es delito y todas aquellas conductas que no son calificadas de tales resultan permitidas, de allí el principio de legalidad como articulador del derecho penal liberal. La ley penal varía en el tiempo y en el espacio y con ello la consideración de lo que el delito es (DNPC, 1999).

Por su parte, Howard Becker partía de esta base para afirmar que

… los grupos sociales crean la desviación al hacer las reglas cuya infracción constituye la desviación y al aplicar dichas reglas a ciertas personas en particular y calificarlas de marginales. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del acto cometido por la persona sino una consecuencia de la aplicación que los otros hacen de las reglas y las sanciones para un ofensor … (Becker, 1971:19).

Eugenio Zaffaroni al ver la disparidad entre las hipótesis de delito del código penal y de reacciones del sistema penal, descree que un conjunto de requisitos pueda constituir un concepto, tal como lo afirma la teoría del delito al decir que delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Para Zaffaroni resulta claro que el concepto jurídico de delito no es tal, sino que es la

… síntesis de los requisitos que debe presentar cualquier acción conflictiva de una autor seleccionado por el poder del sistema penal, para que la agencia judicial responda afirmativamente en cuanto al avance del proceso de criminalización en curso (Zaffaroni, 1989:253).

El delito es, entonces, una creación artificial. Pero su impronta de creación humana y artificial no le quita el peso de la realidad. El delito no es una entelequia sino una acción realizada por personas y que afecta a otras personas.

Conocer la totalidad de los delitos cometidos en un lugar y en un tiempo dados es imposible. La cifra de la criminalidad real es desconocida por diversos motivos: falta de denuncia¹², no registro de denuncias, burocracia… Sí es posible conocer la cifra de delitos denunciados y registrados por los organismos pertinentes; en este caso se está en presencia de la criminalidad aparente. Quedan umbríos los delitos desconocidos o criminalidad sumergida.

Las limitaciones de las estadísticas oficiales pueden verse bajo dos tópicos: la cifra negra de la criminalidad y la cuestión del carácter manufacturado de las estadísticas (Downes-Rock, 1998, cit. por DNPC,1999).

Así, la cifra negra es definida como «el conjunto de conductas realizadas efectivamente que presuntamente se asocian a las tipificaciones contenidas en la ley penal, que no han sido registradas y oficializadas por las agencias penales competentes» (DNPC, 1999). La cifra negra está relacionada a la criminalidad sumergida. La disonancia entre criminalidad real y aparente no es uniforme para todos los delitos. «En el caso del homicidio la cifra negra no existe o tiene niveles extremadamente bajos, en parte en función de la visibilidad del ‘cuerpo del delito’ y en parte en función de que encabeza la evaluación de gravedad de la escala de delitos …» (DNPC, 1999). En los robos a bancos, comercios o robo de automotores, también la cifra negra es baja. Para que entren a funcionar los engranajes del seguro es necesaria la denuncia en la policía. En los demás casos -hurtos y robos en la vía pública, agresiones sexuales…-, la cifra negra es elevada (DNPC, 1999).

Ante estas falencias, la criminología ha prestado atención a las encuestas de victimización como fuente para acercarse a la delincuencia real. Igualmente, la Dirección Nacional de Política Criminal (1999), explica que las estadísticas sirven para describir y comprender la evolución del delito: «… en el desarrollo de encuestas de victimización locales en la ciudad de Sheffield (Gran Bretaña, Bottoms-Mawby-Walker … comprobaron que aunque las estadísticas policiales no captaban el verdadero volumen de la ‘criminalidad real’ en la ciudad, sí revelaban los parámetros de distribución de los delitos en diferentes áreas urbanas».

El carácter manufacturado de las estadísticas oficiales se refiere a las

… decisiones de registración y oficialización de hechos presuntamente delictuosos tomadas por miembros de la institución policial -u otras fuerzas de seguridad- en función de parámetros culturales que no son homogéneos a través del tiempo y el espacio y sobre las cuales inciden múltiples variables de diversa naturaleza … Las estadísticas oficiales no son el producto impersonal de registraciones mecánicas, sino que incorporan asunciones propias de aquellos agentes estatales que se encuentran involucrados en su producción (DNPC, 1999).

También está relacionado a este concepto la evaluación de la actividad de la policía -las seccionales- por medio de sus estadísticas. De este modo, es posible la manipulación de datos para mejorar la imagen de la institución.

Juan Pegoraro, al igual que Laura Golbert y Gabriel Kessler (2001) también se refiere a los reparos y utilidades de las estadísticas criminales.

… la información policial sobre cuantificación de los delitos es inconfiable porque sólo registra los hechos denunciados y además las diferentes comisarías construyen la información de manera errática y por necesidades contingentes. Las estadísticas judiciales agregan datos sobre las sentencias, pero dependen de la policía en cuanto es la encargada de elevar las causas a tribunales. Por su parte las encuestas de victimización son un medio para detectar la cifra real de delitos y ponen de manifiesto el elevado número de hechos no denunciados; pero tampoco son totalmente fiables, ya que la forma de la pregunta y la representación imaginaria social influye en la respuesta … si bien se debe tener especial cuidado al comparar tales fuentes, permiten una verificación sobre ciertas tendencias (Pegoraro, 2000:127).

Como queda en claro, las estadísticas oficiales dejan zonas del delito en la incertidumbre, pero no puede soslayarse que son valiosas para determinar la geografía de la criminalidad en un período preestablecido y la tendencia cuantitativa de los actos efectivamente registrados de las modalidades delictivas¹³. Los datos administrativos son útiles, siempre y cuando se haga uso de la cautela interpretativa y se tengan presentes de manera crítica las cortapisas mencionadas.

En este entendimiento, a continuación se brinda la información del incremento delictivo en la Argentina durante el período 1991 – 1999, como manera de establecer una tendencia en la criminalidad durante la década neoliberal ya mencionada. El cuadro se elaboró con datos del Sistema Nacional de Información Criminal (Informe anual de estadísticas policiales, DNPC,1999).

Argentina

Valores absolutos y tasas cada 100 000 habitantes

Fuente: DNPC

La lectura del cuadro evidencia un incremento del total de delitos, que pasó de una tasa en 1991 de 1 484 cada cien mil a una de 2 904. Más del doble (114,4%). Sin embargo, la distribución por tipo de delito marca una diferencia: la tasa de homicidios también subió en 2001 con respecto a 1991, pero con una alza del 10%. Es decir, no todos los delitos aumentaron de igual modo en este período. Los delitos contra las personas llevan la delantera con un aumento del 123% en su tasa.

En la provincia del Chubut los datos estadísticos permiten elaborar un cuadro similar.

Chubut

Valores absolutos y tasas cada 100 000 habitantes

Fuente: DNPC

En el caso de la provincia del Chubut es posible realizar un análisis similar. Los homicidios bajaron la tasa casi un treinta por ciento (28,125%), a contramano del incremento de otro tipo de delitos menos violentos. La tasa del total de delitos superó el 187% entre 1991 y 2001.

Este aumento en la tasa de delitos durante la década neoliberal en la Argentina se vio reflejada en trabajos académicos sobre la delincuencia.

Los antropólogos Alejandro Isla y Daniel Míguez explican que la fluctuación en las tasas de desempleo y pobreza estuvo acompañada

… por incrementos en los niveles de transgresión normativa. Si solo nos referimos a los delitos, la tasa de criminalidad se expandió significativamente en Argentina, pasando de 80 delitos cada 10 mil habitantes en 1980 a 174,2 en 1990, y a 319,7 en 1999 … Otros datos indicarían que existió también un significativo crecimiento de la judicialización (Isla y Míguez, 2003:8).

Por su parte, Juan Pegoraro afirma que, si bien las estadísticas oficiales son poco confiables,

… puede afirmarse en crecimiento firme y acumulativo de los hechos delictuosos registrados por la Policía y reportados a la Justicia.

Entre 1970 y 1990 se duplicaron las denuncias. Duplicación que ahora se repite, pero en sólo una década, de 1990 a 1999 (Pegoraro, 2000: 167).

Y la investigadora Lucía Dammert analiza con respecto a la criminalidad en América Latina y la Argentina que

En América Latina el incremento del delito tiene características alarmantes. En 1990 se convirtió en la segunda más violenta del mundo con una tasa de homicidios regional de 22,9 por 100 mil habitantes, es decir más del doble del promedio mundial de 10,7 … Estudios posteriores estiman que en 1994 subió al 28,4. Si bien Argentina tiene una tasa de homicidios menor … presenta una peligrosa tendencia de crecimiento tanto de la tasa de homicidios como de la tasa de criminalidad.

Sin embargo, en Argentina se evidencia un incremento importante de la tasa de criminalidad, partiendo de 80 delitos por cada 10 mil habitantes en 1980 a 174,2 en 1990 y a 319,7 en 1999 …. Esta situación, sumada a un porcentaje de denuncia estimado del 30%, presenta una crítica problemática nacional … que se agudiza en los últimos años superando largamente los niveles alcanzados en décadas anteriores (Dammert, 2003).

Es decir, tanto desde ámbitos gubernamentales como académicos¹⁴, se da cuenta del aumento de la criminalidad en la Argentina de los noventa, pero, como explican Isla y Míguez, el delito y la violencia no pueden entenderse «… como resultado de decisiones personales de individuos específicos sino que es el resultado de una serie compleja de procesos, en parte económicos, en parte políticos y en parte culturales» (2003:319¹⁵. Por ello es posible establecer algún tipo de relación entre empobrecimiento de la sociedad y aumento de la delincuencia.

Pobreza y delincuencia

Como se dijera supra, entre los años 1991 y 2001 en Argentina aumentaron en forma simultánea la pobreza, la exclusión social y la delincuencia. La relación entre estos procesos es posible establecerla desde diversos autores, no sólo para la Argentina, sino también para América Latina, Europa y Estados Unidos.

Isla y Míguez explican que desde los trabajos académicos más notorios se establece una relación bastante directa entre la aplicación del modelo neoliberal y el desarrollo de la violencia urbana.

Esta tesis posee como núcleo principal la idea de que, producto de las reformas neoliberales, el estado argentino (como los de otras partes de América Latina y el mundo) relegó su capacidad inclusiva, y que frente a los conflictos y agitación social que esto produjo asumió un rol represivo, que completa el proceso de exclusión social que promoverían dichas políticas (Isla y Miguez, 2003:303).

Trabajos como los de Löic Wacquant (2000 y 2001), Pegoraro (2000 y 1997), Daroqui (2003), Zaffaroni (1989) y Batista (2003), comparten esta visión de la trilogía neoliberalismo, exclusión y represión. El último, por ejemplo, dice que «… el proyecto neoliberal precisa un poder punitivo omnipresente y permeable, para el control penal de los contingentes humanos que él mismo margina» (Batista, 2003:70).

Para Isla y Míguez, quien merece mejores créditos por sus análisis de la situación es Ruth Stanley¹⁶, que explica que las políticas de corte represivo actúan en dos niveles como complemento del modelo de exclusión. El primer nivel es el físico, cuyo agente principal es la policía. Aquí se identifica a los pobres, extranjeros o villeros¹⁷ y se los discrimina y criminaliza, aún con prácticas ilegales como la detención ilegítima, la tortura o el gatillo fácil¹⁸. El segundo nivel es el discursivo-simbólico, donde se construye el perfil del delincuente como pobre, extranjero y perverso. De esta manera, se remite la problemática a cuestiones individuales y no sociales (Isla y Míguez, 2003).

Aún así, Isla y Míguez dejan en claro que la relación es compleja y no se agota en la consecuencia lineal de la trilogía. Durante los noventa las políticas penales tuvieron reflujos a esta tendencia represiva -v.gr. se eliminó la potestad de la Policía Federal y la Bonaerense de emitir edictos y políticos de mano dura como Carlos Ruckauf y Aldo Rico no terminaron sus funciones-. Además explican que las instituciones policiales deben su accionar a las propias culturas y que no necesariamente responden a sectores puntuales. Tal posición es sustentada en el trabajo de Marcelo Sain (2002) sobre las reformas del sistema policial en la Argentina.

Si bien la conformación de una policía agresiva es «el resultado de una articulación compleja de intereses que se da en un largo proceso histórico y que tiene relaciones ambiguas con los que podrían ser los grandes beneficiarios del Consenso de Washington» (Isla y Míguez, 2003:311), la noticia de La Nación sobre la reunión de ejecutivos de grandes empresas -incluido el Grupo Clarín- con el ministro de Justicia de la Nación para solicitarle más energía contra el delito y los piqueteros, revela que dichas relaciones pueden ser algo menos que ambiguas¹⁹.

Hasta aquí se han mencionado las relaciones entre neoliberalismo y pobreza y entre delincuencia, represión y neoliberalismo. A modo de rápida síntesis puede decirse que el sistema económico de los noventa en Argentina provocó un aumento de la pobreza y la delincuencia -lo que no se afirma es que la primera engendre unívocamente a la segunda-. También, que la ingente delincuencia impide el normal desarrollo de las actividades económicas y la vida cotidiana; por ende, es necesaria una mayor actividad represiva del Estado para controlar una criminalidad enfocada en un preciso sector social -jóvenes, pobres, inmigrantes…-. Falta, entonces, determinar qué tipo de conexión existe entre la pobreza y la delincuencia.

Kessler y Golbert (2001) expresan que el delito es un fenómeno complejo determinado y condicionado por múltiples factores y que su comprensión

… es indisociable a la de otros hechos que caracterizan a la sociedad argentina de las últimas décadas: el aumento del desempleo y otras formas de precarización laboral, la creciente desigualdad y segregación socio-espacial, el empobrecimiento de sectores tradicionalmente estables y las dificultades crecientes de movilidad social, entre otros (Golbert y Kessler , 2001).

Las estadísticas parecen indicar una asociación entre situación económica y aumento de delito, como, v.gr., en momentos de hiperinflación o de notoria desocupación y pobreza. Pero -afirman-, «el contexto social de origen no alcanza para explicar el problema» (Golbert y Kessler, 2001).

Golbert y Kessler (2001) citan los trabajos de Pompei (1999) y Navarro (1997)²⁰, en donde el primero afirma que la desigualdad en la distribución del ingreso incide más que el desempleo en el incremento de la violencia y, el segundo, que el desempleo es el factor clave. Sin embargo ambos estudios son minimizados por la «utilización de la existencia de una correlación como sinónimo de causalidad»; se trata de una relación que no es universalmente probada. Además, no se establece de qué manera el contexto socio-económico influye en las conductas individuales.

Además, es necesario comprender que el nuevo tipo de delincuencia -anómica, repentista, gratuitamente violenta (Golbert y Kessler, 2001), Isla y Valdez Morales (2003), Alfonso (2003), asume, también, un nuevo tipo de racionalidad en sus actores. El punto es de cardinal importancia, ya que si la nueva racionalidad no se basa en la relación costo-beneficio de la actividad ilegal, las estrategias oficiales de endurecimiento de la legislación penal y la actividad policial carecerían de impacto positivo para frenar el delito.

En principio, Golbert y Kessler (2001) describen -en base a estadísticas y sentencias judiciales, con sus mentadas limitaciones- a los victimarios bonaerenses como argentinos en un 97%, masculinos en un 93%, casado en un 66% y con estudios sólo primarios en un 90%. Asimismo, en un 90%, los condenados no estaban alcoholizados o drogados y en un 73% delinquieron por primera vez²¹.

La relación desempleo y delito es puesta en duda en el campo académico. El desempleo genera pobreza por la disminución de ingresos, pero ¿cuál es el lazo entre desempleo y delincuencia? Es una falacia extrapolar correlaciones válidas en un nivel general, a un nivel individual (Golbert y Kessler, 2001). Es que

El consenso actual es que la privación económica conjugada con otros problemas locales coadyuvaría al desarrollo de un medio social en el que se produce el aumento del crimen; sin que la experiencia individual de privación económica pueda ser considerada la única variable explicativa del delito (Golbert y Kessler, 2001).

Las variables que se activan y potencian mutuamente pueden ser: el trabajo, la familia, la escuela, la comunidad local y el grupo de pares.

El trabajo posee un rol socializador que se transforma en un potente inhibidor para realizar actividades criminales, aun en estados de necesidad. Al joven que no entró al mercado del trabajo le resulta más fácil delinquir que al adulto que alguna vez trabajó (Golbert y Kessler, 2001).

La familia no es determinante para llevar a los jóvenes a la delincuencia. «El peso del componente familiar varía según el tipo de ruptura (divorcio vs. muerte), edad y género de los hijos, nivel socio-económico, raza y, sobre todo, tipo de crimen» (Golbert y Kessler, 2001). También el clima epocal aporta su influencia: muchas veces los padres comparten la desesperanza de los hijos y los vuelve más permisivos hacia sus conductas.

La escuela no conforma un marco integrador para los jóvenes por la deserción o sus deficiencias para contenerlos y servir de agente de internalización de normas sociales (Golbert y Kessler, 2001).

La comunidad local, tanto desde el punto de vista europeo -integrador- como el norteamericano -de control social- no logra constituirse como espacio integrador para los jóvenes; más bien no son partícipes de las actividades barriales que los segrega por ser los malos del lugar (Golbert y Kessler, 2001).

Por último, el grupo de pares como orientador de conductas se ve favorecido «por un contexto que muestra signos de creciente segregación intraclase e interclase. En el interior de su misma clase social, van disminuyendo los intercambios cotidianos tanto en sus familias como en sus barrios y escuelas» (Golbert y Kessler, 2001).

Es en este contexto que los jóvenes que delinquen elaboran otro tipo de racionalidad, ajena a la relación costo-beneficio²² que se podría suponer. Golbert y Kessler (2001) reconstruyen una articulación de nuevas lógicas en el interior de grupos de pares. La nueva racionalidad tiene que ver con lógicas de necesidad -no tienen dinero, pero sí necesidades materiales-, del ventajeo -conseguir lo que se necesita de cualquier modo- y del aguante -no acobardarse ante nada, aún en desventaja-.

Por lo tanto, la relación entre desocupación y delincuencia es menos lineal de lo que aparenta. Está vinculada a condiciones familiares, escolares, comunales, de grupos de pertenencia, del mundo del trabajo, de la distribución del ingreso y de las nuevas formas de racionalidad delictiva juveniles.

El delito y el sentimiento de inseguridad

Como quedó explicitado, la inseguridad es un paradigma que abarca mucho más que el delito. Pese a ello, su tratamiento político y periodístico se reduce -mayoritariamente- a esta dimensión, con prescindencia, asimismo, de los delitos económicos o de cuello blanco²³. «La información sobre corrupción constituye una serie diferente de la llamada agenda periodística sobre la delincuencia común … Suele publicarse en sección ‘Política nacional’ de los diarios, lo que indica la jerarquización diferente que los medios le adjudican» (Martini, 2002:93). Se crea, así, una imagen omnipresente de la delincuencia, circunscripta a ciertos tipos de acciones y grupos sociales (Pegoraro, 2000; Daroqui, 2003; Baratta, 1997).

El ojo puesto en estos sectores tiene como prototipo las políticas de «Tolerancia Cero» de Nueva York²⁴. Löic Wacquant afirma que las acciones del alcalde Rudolph Giulliani para combatir el delito estaban destinadas a

… calmar el temor de las clases medias y altas -las que votan- mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos (calles, plazas, estaciones, ómnibus y subterráneos, etcétera) (Wacquant, 2000:29).

Lo que se combate son las incivilidades: conductas y situaciones no formalmente delictivas (conductas incivilizadas) (Daroqui, 2003). Pero en la última década, se incrementaron tanto las incivilidades como los delitos violentos, los que son llevados a conocimiento público por los medios de comunicación y se hacen acreedores de urgentes tratamientos políticos. La problematización de la inseguridad se hace bajo la ideología de la «Defensa Social», entendida como el aumento y consolidación del sistema penal conforme su capacidad represiva y como la incorporación de estrategias de prevención anteriores a la infracción y, por lo tanto, no penales (Daroqui, 2003). Los políticos y los medios materializan y vehiculizan los discursos que transmiten la idea de una única seguridad amenazada, la vinculada al delito urbano. Fuera de esta visión quedan los

… delitos económicos, ecológicos, de corrupción y de concusión, desviaciones criminales al interior de órganos civiles y militares del Estado, así como convivencias delictuosas por parte de los detentadores del poder político y económico con la mafia, que hacen parte de la cuestión moral, pero no tanto de la seguridad ciudadana (Baratta, 1997).

No obstante, esta parcialidad de la inseguridad, el aumento constatable de la violencia interpersonal en la última década trajo aparejado el miedo al delito y la sensación de inseguridad ciudadana. Pegoraro dice que el miedo al delito se nutre «… de las representaciones imaginarias que tenemos tanto del delito como de los delincuentes, que generalmente son producidos por los medios de comunicación en cuanto seleccionan y amplifican casos paradigmáticos» (2000:117). Stella Martini concuerda con estas ideas y afirma que «la sociedad conoce o verifica el estado de inseguridad y de violencia por su tematización habitual en los medios» (Martini, 2002:91). Tales representaciones se nutren también del campo intelectual, con investigaciones de sino positivista que estigmatizan al delincuente.

(Cabría rescatar los trabajos de Wacquant (2000) y Bourdieu y Wacquant (2001) en cuanto a la difusión de ideas y políticas a través de un nuevo régimen internacional de relaciones entre los campos político burocrático, económico, mediático e intelectual. Los think tanks²⁵, a su vez, cumplen su función en cada campo).

En cuanto al miedo, definido como una «experiencia individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida» (Reguillo, 2000:189), es una «reacción ‘natural’, espontánea, pre-reflexiva» (Reguillo, 2000:188). La socialización hace que la reacción sea comunicada y transmitida a los demás. De este modo se conforman las ciudadanías del miedo, descriptas como la relación de los habitantes de una ciudad con el sentimiento de inseguridad. Para Rotken,

… la sensación generalizada de inseguridad que tiñe las capitales de América Latina, … ha ido cambiando el modo de relacionarse con el espacio urbano, con los semejantes, con el Estado, con el concepto mismo de ciudadanía (Rotken, 2000:14).

La nueva clase de ciudadanía se refiere a hábitos de inseguridad que remiten a prácticas o preocupaciones de la vida cotidiana. «Prácticas de inseguridad que redefinen la relación con el Poder, con los semejantes, con el espacio» (Rotken, 2000:15). Por consiguiente, define Ulrich Beck (1998), la sociedad actual pasó de una comunidad de la miseria -clasista- a una comunidad del miedo -riesgosa-. Se vive «… en una época en la que la solidaridad surge por miedo y se convierte en fuerza política» (Beck, 1998:57). De esta manera, la población amenazada solicita y acuerda políticas penales más duras. Encuestas de victimización realizadas en el Gran Buenos Aires durante 1998 revelan que el 80% de los interpelados cree que puede ser víctima de un delito y el 81% concilia con el aumento de penas (Golbert y Kessler, 2001).

El aumento de los delitos por un lado y la sensación de amenaza, por otro, hacen que la inseguridad tenga dos dimensiones. Así, se puede distinguir entre la inseguridad objetiva y la subjetiva. la primera es

… la probabilidad de ser víctima de un delito, probabilidad que debe relacionarse con el tipo de delito y por lo tanto con variables como edad, género, vivienda, trabajo, rutinas personales, pertenencia a una clase o sector social (Pegoraro, 2000:120).

La segunda -la subjetiva- se trata del miedo a ser víctima de un delito, producto de la «construcción social del miedo asociado a diversos factores, en especial las noticias escritas o visuales que recogen los medios de comunicación» (Pegoraro, 2000:120).

La inseguridad subjetiva está relacionada con el «pánico moral» delimitado por Stuart Hall en los siguientes términos:

Cuando la reacción oficial hacia una persona o grupo de personas o serie de hechos es completamente desproporcionada a la amenaza representada, cuando los ‘expertos’, encarnados por los jefes de policía, el sistema judicial, los políticos y los editores perciben la amenaza de formas completamente disímiles … cuando los medios … enfatizan ‘repentinos y dramáticos» incrementos … y ‘novedad’ por encima y más allá de lo que un estudio sobrio y realista podría sostener, entonces creemos que es apropiado hablar de los comienzos del pánico moral (Hall, cit. por Isla y Míguez, 2003:6).

Isla y Míguez explican que los estados de pánico moral no devienen sólo de tendencias de la inseguridad objetiva o las estadísticas criminales, sino, también, del esfuerzo de varios actores que resignifican las tendencias objetivas o emiten discursos que magnifican los riesgos «promoviendo una sensación exagerada de ansiedad y temor en la población, que produce una demanda, o al menos consensos, en torno a políticas represivas y restrictivas de las libertades» (Isla y Míguez, 2003:7). El pánico moral se crea discursivamente y se sustenta en el miedo y la inseguridad subjetiva de los ciudadanos.

Ahora bien, la comunidad del miedo o ciudadanías del miedo no son un fenómeno reciente, aunque nunca tuvo, en su función de control social, el vigor actual. La concepción de control social varía según la cultura y la ideología que lo defina. En un principio se lo puede catalogar como una extensión del proceso de socialización. El individuo aprende pautas sociales mediante variadas motivaciones y coerciones. En un sentido amplio,

… comprende cualquier acción que dentro de la sociedad tienda a ordenar el comportamiento de quienes la integran. Es una categoría relacionada con la generación de orden y consenso en una sociedad determinada. Producción de orden que abarca no solo una actividad preventiva, sino también reactiva o estricta (Moreira, 2001:17).

Complementando esta posición, Míguez y González ven al control social como «… los dispositivos institucionales que uniformizan a los sujetos, logrando que en su mayoría respeten una estructura normativa que contiene los intereses de sectores dominantes de la sociedad (Míguez y González; 2003:207/208).

El sistema penal es una de las herramientas para un mejor control social en los términos planteados. Aún cuando su ineficacia para bajar el delito o resocializar a los delincuentes se vuelve cada vez más notoria. Es que para Michel Foucault, cuanto más delincuentes existan más crímenes existirán, cuantos más crímenes haya más miedo tendrá la población y cuanto más miedo haya en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad en cada nuevo día. Foucault trae a colación la relación de los medios de comunicación con el control social y el sistema penal²⁶, tal como hacen Zaffaroni (1989), Slokar (2003) y Batista (2003), entre otros²⁷. Se trata, en definitiva, de una sistema que sabe aprovechar sus disfunciones al gestionar los ilegalismos de un modo diferencial o, en ideas de David Garland (Tedesco, 2002), de una sociedad que con el paso de la modernidad a la modernidad tardía, mutó de la cultura del cambio social a la cultura del mero control. Garland realiza su trabajo en base a Estados Unidos y Gran Bretaña. Afirma que alrededor de 1980 ambas naciones establecieron un sistema de control criminal basado casi con exclusividad en el encarcelamiento. El método fue consecuencia de la victoria del conservadurismo y el libre mercado sobre los movimientos sociales de los setenta. Emergió, entonces, un sistema de control criminal para proteger víctimas potenciales en vez de combatir las causas de la criminalidad.

De las explicaciones anteriores puede inferirse, en principio, que la inseguridad subjetiva o el pánico moral son sustentados por la amplificación de los delitos a través de los medios de comunicación. Estos deben su influencia a que no son meros vehículos de la realidad, sino que la construyen continuamente.

Los medios de comunicación

Los medios de comunicación son empresas que se desarrollan en un sistema capitalista y que, por ello mismo, buscan obtener ganancias a través de la venta de sus productos: las noticias. Esta visión es compartida por la Escuela de Leicester en trabajos como los de Murdock y Golding, Curran y Curtis (Curran,1997). A lo que podría agregarse que los medios no sólo venden noticias, sino, también, audiencias, dado que el principal sustento económico de la empresa periodística es la publicidad.

Tradicionalmente, se les endilgó a los medios las funciones de informar, entretener y consolidar valores y tradiciones. Umberto Eco rescata, a su vez, la función de tribuna de grupos de poder que envían sus mensajes a otros grupos por medio de la prensa (Eco, 1998). En todo caso, puede hablarse de dos tradiciones en los estudios sobre los medios: las liberalistas y las marxistas.

Los primeros ven que las organizaciones mediáticas disfrutan de considerable autonomía frente al Estado, los partidos políticos o grupos de presión institucionalizados. El control de los medios está en manos de una élite directiva autónoma que es flexible para con el trabajo de sus periodistas. El público se ubica en una relación simétrica con la empresa de comunicación. Se influyen mutuamente (Curran, 1997).

Los marxistas, en cambio, ven a los medios como parte de una arena ideológica en la que varias perspectivas de clase combaten. El control de los medios es monopólico y los periodistas gozan de una ilusión de autonomía. Se socializan y difunden normas de la cultura dominante. Los públicos pueden negociar significados, pero su acceso al discurso mediático es limitado (Curran, 19917).

Teun van Dijk cree que los medios se alinean con las fuerzas del mercado, porque

Dada su calidad de empresas, no es esperable que los medios adopten una posición totalmente diferente respecto del «triunfo» global del mercado. La Argentina no puede ser una excepción en esta tendencia. Las metáforas dominantes de la cobertura periodística v.gr. del mundo del trabajo y de la legislación laboral, definen el modelo interpretativo que refleja la alineación de los medios con los intereses empresarios, y el modo en que éstos están protegidos por el Estado … Así, los medios reproducen la persuasiva retórica del gobierno y de los legisladores en defensa de leyes laborales neoliberales que limitan los derechos de los trabajadores (van Dijk, en Vasilachis de Gialdino, 1997:18/19).

En definitiva, se trata de la vigencia del paradigma periodístico de la noticia como mercancía, nacido de la mano de William Hearst y Joseph Pulitzer en la Norteamérica de finales del siglo XIX y principios del XX. Aquí la noticia no es lo importante sino lo interesante, lo que puede llegar a vender. A este modelo, Carlos Zeller le contrapone el paradigma de la noticia como bien público, donde el criterio de noticiabilidad está dado por la importancia de los sucesos. Para Zeller, definir la información periodística como un bien público

implica establecer el papel que, en términos macrosociales (de organización de la vida pública, funcionamiento efectivo de una democracia deliberativa, existencia de mecanismos democráticos de formación de la opinión pública), cumple (ha de cumplir) el campo periodístico y las características que ha de tener el periodismo para producir bienes públicos en un terreno tan sensible como el de la información … (Zeller, 2001:139).

Ahora bien, sea en la tradición liberalista o en la marxista, en el paradigma de la noticia como mercancía o como bien público, los medios de comunicación difunden informaciones. Vale destacar, entonces, que información no es sinónimo de acontecimiento. La noticia es la «narración de un hecho o la reescritura de otra narración, mientras que el acontecimiento es la percepción del hecho en sí o de la noticia» (Alsina, 1999:16). Rodrigo Alsina entiende que la empresa periodística es una industria que insume acontecimientos y produce noticias. Sin embargo, previene Alsina,

… hay que puntualizar que un acontecimiento no es una realidad objetiva, exterior y ajena al sujeto perceptor mismo. En primer lugar, porque los mass media trabajan con noticias que les sirven las agencias de noticias. En segundo lugar, aunque se dé la percepción directa del hecho por un periodista, éste siempre interpretará la realidad de acuerdo con su enciclopedia (Alsina, 1999:16/17).

La realidad es socialmente construida (Berger y Luckman, 1979). Los acontecimientos son conocidos gracias a la acción de los medios que construyen discursivamente los acontecimientos²⁸ (Alsina, 1999). A pesar de estas aseveraciones, no debe inferirse de ellas que los medios de comunicación son los únicos capaces de producir realidad. En un sentido estricto, los trabajos de Berger y Luckman estaban referidos a la vida cotidiana y, en el caso de la prensa, su construcción es un proceso de producción, circulación y consumo en el que las audiencias tienen su papel activo al decodificar los mensajes que reciben. Los periodistas, en todo caso, tienen el rol social, históricamente determinado, para construir realidades públicas socialmente relevantes (Alsina, 1999).

La influencia de las representaciones sociales

Una representación social es la imagen que construyen los medios de difusión sobre los temas que son parte de la agenda pública (Raiter, 2002:11). Para mayor precisión, la representación es la imagen mental

… que tiene un individuo cualquiera, es decir, un hablante cualquiera de cualquier comunidad lingüística, acerca de una cosa, evento o acción, proceso que percibe de alguna manera. Esta representación -en la medida en que es conservada y no reemplazada por otra- constituye una creencia (o es elemento de una creencia) y es la base del significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento, acción o proceso (Raiter, 2002:11).

Esta idea de la representación social es coincidente con la de Neveu (2002) y sus esquemas de percepción del mundo social y de Van Dijk (1994) y su concepto de «modelo»²⁹.

Cada individuo de una comunidad comunica representaciones propias a los demás, haciéndolas colectivas. Y las representaciones colectivas, comunicadas a los individuos, podrán convertirse, a su vez, en representaciones individuales (Raiter, 2002:13).

Las representaciones se activan por estímulos. En grupos cerrados pueden ser determinados personajes quienes los hagan (padres sobre los niños, docentes sobre alumnos…). Pero en la sociedad existen responsables institucionales que establecen la agenda. En la época actual, «los emisores institucionales por excelencia son el sistema educativo en general y los medios» (Raiter, 2002:23). El primero se ocupa de construcción y fijación de imágenes a largo plazo por sedimentación; no se ocupan de las inmediatas y cotidianas. De estas se ocupan los medios y otras instituciones que los utilizan.

Para Alejandro Raiter,

No existe en la actualidad otro emisor que pueda llegar a tantos miembros de una comunidad de modo simultáneo o con muy poco tiempo de diferencia. Si bien existen personas que no atienden a los medios, las imágenes que estos construyen les llegarán de todos modos, aunque -a su vez- mediadas por la comunicación con otros miembros de la comunidad (Raiter, 2002:23).

En este orden de ideas, antes de establecer qué tipo de influencia en el público tienen las representaciones sociales elaboradas por los medios, es conveniente recordar a Michel Foucault y su visión compleja y multifacética de la sociedad. El poder es un sistema relacional de fuerzas en el que todos cuentan con una porción de aquél. Esto no significa que todos tengan el mismo potencial, sino que ningún poder es omnímodo.

A lo largo de la historia, los estudios de la comunicación social han asumido variadas posiciones en torno al ascendente de los medios sobre los públicos. Se pasó de una total subordinación del público -teoría de la aguja hipodérmica-, a la independencia de estos por su papel de decodificadores activos -teoría de la democracia semiótica-, pasando por la búsqueda de refuerzo de opiniones propias o la teoría de los usos y gratificaciones (Curran, 1997 y Wolf, 1991).

La influencia de la prensa está circunscripta, en principio, por la determinación de los hechos que merecen conocimiento público. Mc Combs y Shaw en su teoría de la Agenda-Setting postulan que los medios no le dicen a la gente cómo pensar, pero sí sobre qué pensar (Wolf, 1991). Aunque, en la actualidad, Mc Combs habla de un segundo nivel de la teoría, en el que se puede inducir a la gente sobre cómo pensar, por medio de la selección de unos tópicos en desmedro de otros y en la forma de presentación y adjudicación de atributos en los acontecimientos mediados (Leyva Muñoz, 2001).

Los textos mediáticos no son textos abiertos; presentan una polisemia estructurada en el que la denotación da pie a tipos de comprensión deseadas por el público (Curran, 1997). Además, la gente no tiene un infinito repertorio de discursos para adaptar los significados mediáticos. La posición en la estructura social condiciona el acceso al discurso y esto, a su vez, influye en las lecturas de los medios (Curran, 1997).

No obstante, los públicos poseen variopintos recursos para resistir o negociar significados, como pueden ser el conocimiento de primera mano, experiencias de clase, cultura política, nivel de educación, otros medios de comunicación, actitudes de escepticismo, procesos propios de lógica…³⁰

En todo caso, puede afirmarse que los medios ejercen considerable influencia, en ciertas circunstancias, sobre las creencias, cogniciones y opiniones del público y que «las rutinas y valores organizacionales de la mayoría de las instituciones mediáticas están viciadas a favor de los intereses de poder» (Curran, 1997). En ello tienen que ver los cuadros directivos y los periodistas de base, aunque no se puede hablar de complots o cuestiones similares que conlleven al mantenimiento del status quo en la sociedad.

Alain Accardó explica que con directivos medios afines a los intereses empresarios, y con el reclutamiento de periodistas en las escuelas o facultades que generalmente reproducen la ideología de los medios, alcanza para que el discurso sea correctamente solidario con el sistema empresario. Los periodistas jóvenes son formados en esta ideología por el medio. Ellos no sienten que hacen algo incorrecto por su propia condición de clase -el reclutamiento es generalmente de clase media- (Accardó, 2000). Esta función, «las más de las veces involuntaria, responde tanto a las diversas rutinas de producción periodística como a la naturalización de los discursos hegemónicos en los mismos medios y en los periodistas» (Martini, 2002:102). Así, entran en acción los conceptos de «campo» y «habitus» de Pierre Bourdieu (1997 y 1996)³¹. En el vasto escenario periodístico intervienen actores e instituciones propiamente periodísticas, pero también económicas, políticas y culturales ajenas al estricto asunto mediático. La formación personal de los periodistas es otro ingrediente en este cóctel que termina favoreciendo el mantenimiento del status quo en la sociedad.

Para resumir la cuestión de la influencia de los medios de comunicación, sus efectos pueden dividirse en cognitivos, actitudinales y conductuales.

Los primeros se refieren a que las noticias definen el mapa cognitivo de la sociedad sobre su experiencia con el mundo. “El mapa mental que los hombres se forman para adaptarse a su ambiente se traduce en ficciones… representaciones… un seudoambiente entre el hombre y su ambiente real” (Aruguete, 2015:27). Los medios tornan relevantes ciertos acontecimientos para estimular la atención de los lectores hacia ellos.

Los efectos actitudinales están definidos por los atributos que les dan los medios a los sucesos, provocando que los lectores piensen y los juzguen de determinada manera, es decir, tengan una actitud hacia ellos y no otra.

Los efectos conductuales pueden ser consecuencia de los dos primeros. El énfasis y la relevancia en los atributos de un acontecimiento, actor, etc. terminan impactando en las conductas de la gente, v.gr., votando a un candidato o comprando determinado producto.

En última instancia, el discurso periodístico, al potenciar y difundir -consciente o inconscientemente- los delitos, ayuda al control social promoviendo políticas represivas o de endurecimiento penal para con los sectores individualizados como criminales.

Medios de comunicación y sistema penal

El sistema penal es una de las herramientas del control social. La disfuncionalidad de su ineficacia para combatir el crimen o resocializar delincuentes se vuelve funcional porque proporciona la excusa para una mayor acción del sistema penal. Los medios de comunicación se encargan de que los delitos lleguen discursivamente al público que pide terminar con la inseguridad a como dé lugar³².

Una primera lectura de la promoción mediática del delito está vinculada al paradigma de la noticia como «lo interesante»: la sangre vende (Batista, 2003; Zeller, 2001 y Ford, 1990). Pero no se termina allí. La legitimación del sistema penal por la prensa no es algo exclusivo de los actuales tiempos políticos y económicos. Batista (2003) y Foucault (1992a, 1991 y 1989) describieron estas relaciones a lo largo de la historia occidental. Pero existen algunos elementos que distinguen el estado actual de las cosas. Dice Batista:

El compromiso de la prensa -cuyos órganos informativos se inscriben, por regla general, en grupos económicos que explotan los buenos negocios de las telecomunicaciones- con el proyecto neoliberal es la clave para comprender esa especial vinculación medios de comunicación-sistema penal, incondicionalmente legitimante. Tal legitimación implica la promoción constante de algunas creencias, y un silencio complaciente respecto de informaciones que las desmientan (Batista, 2002:71).

De esta manera se funda un dogma que se autolegitima constantemente. La pena es la solución sagrada para los conflictos. No importa si históricamente ella no sirvió a sus fines primarios. Ergo, el delito-noticia necesita inmediatamente de la pena-noticia, menospreciando la actividad judicial y los principios que la rigen (Batista, 2003). Agrega Jorge de la Rúa que «más allá del error científico de considerar que el castigo penal es el recurso más eficiente para asegurar los intereses del hombre en sociedad, lo que es inquietante es que ese error se ha internalizado en gran parte de la sociedad moderna» (De la Rúa, 2004:2). Lo importante (interesante) es vender delincuencia, con sus acciones y sus actores identificados.

Alejandro Slokar (2003) estudia los procesos de criminalización y llega a la conclusión que son selectivos, lejos del azar. ¿Quiénes serán etiquetados como delincuentes? pregunta, a su vez, Alcira Daroqui, y se responde: «Los pobres ‘malvivientes'» (Daroqui, 2003)³³. O, como dice Alessandro Baratta,

… en la opinión pública y en los medios de comunicación de masa los delitos son caracterizados por una regular repartición de papeles de la víctima y el agresor, respectivamente: en los grupos sociales garantizados y ‘respetables’ y en aquellos marginales y ‘peligrosos’, extranjeros, jóvenes, tóxico-dependientes, pobres, sin familia, sin trabajo o sin una calificación profesional (Baratta, 1997).

Retomando la relación entre prensa y delito, Eugenio Zaffaroni (1989) afirma que los medios masivos son los grandes creadores de ilusiones en el sistema penal. Actúan principalmente en dos niveles. Primero, el transnacional, en el que se introduce el modelo penal como modelo de solución de conflictos. Actúa, v.gr., en los entretenimientos, donde las películas y series muestran que el conflicto se termina cuando muere el malo en manos de la policía. El segundo nivel, de las coyunturas nacionales, es el que genera la ilusión de eficacia del sistema penal, haciendo que se perciba «como peligro la amenaza de muerte violenta por ladrones o de violación por pandillas integradas por jóvenes expulsados de la producción industrial por la recesión» (Zaffaroni, 1989:133).

También para Zaffaroni los medios cumplen la función de fabricar estereotipos del criminal y de condicionar las conductas hacia ellos. En este sentido,

… cuando se requiere una criminalidad más cruel para poder excitar mejor la indignación moral, basta que la televisión publicite exageradamente varios casos de violencia o crueldad gratuita para que inmediatamente los requerimientos de rol vinculados al estereotipo asuman contenidos de mayor crueldad y, consiguientemente, ajusten a ellos su conducta quienes asumen el rol correspondiente al estereotipo (Zaffaroni, 1989: 135).

Los medios de comunicación, entonces, son organismos indispensables para el sostenimiento del sistema penal tal cual opera en la actualidad. No importa que históricamente no haya resuelto los conflictos que se proponía resolver. Surgieron nuevos fines, funcionales al sistema económico de libre mercado que se nació en el siglo XVIII y que en XXI se impone sin tapujos. Por ello,

El mero enunciado de las principales funciones que cumplen los medios masivos como aparatos de propaganda del sistema penal y su dedicación casi exclusiva a la misma, pone de manifiesto el altísimo grado de empeño de la civilización industrial y de los albores de la civilización tecno-científica por preservar la ilusión y fabricar la realidad del sistema penal, y por ende, resulta indicativo de la función clave que éste cumple en el sostenimiento de su poder planetario (Zaffaroni, 135).

Carlos Elbert, por su parte, expone que los medios no son objetivos y que generan necesidades, incluso normativas «y su influencia sobre la creación de las normas penales es un aspecto importantísimo que merece también mucha dedicación» (Elbert, 1999:197). La percepción emotiva de amenaza de terceros genera reclamo de protección por parte de las autoridades, circunstancia que aprovechan en propio beneficio los políticos y policías. Elbert explica que los medios actúan explotando el temor colectivo a desgracias o padecimientos, poniendo en circulación hechos reales -que no se pueden discutir- pero multiplicándolos y estandarizando el sentimiento de pertenencia social que legitima el orden jurídico establecido. Esta uniformización de la percepción del delito que logran los medios, se materializa

… concentrándose en lo espectacular del delito, dejando casi siempre de lado los contextos sociales y las biografías de los participantes. transmitiendo un esquema unilateral de la realidad, que remite todas las responsabilidades a un desconocido que pertenece al bando réprobo que desafía la ley, justificando que la reacción en su contra sea fuertemente vengativa (Elbert, 1999:198/199).

Los medios de comunicación actúan discursivamente. Es a través del lenguaje que ellos construyen realidades. El estudio de los mecanismos que utiliza la prensa para publicitar el sistema penal debe valerse, por consiguiente, del análisis del discurso con una visión crítica.

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